ACERCA DE LAS INDICACIONES AL PROYECTO DE REFORMA EDUCACIONAL

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Declaración del Área Educación de la Conferencia Episcopal de Chile

 Desde el anuncio del actual Gobierno, en cuanto a que se deseaba llevar a cabo una Reforma Educacional estructural, nuestra actitud como Iglesia ha sido fundamentalmente de apoyo y expectativa, toda vez que la educación es un ámbito que necesita, por su misma naturaleza, estar en permanente renovación y cambio. Ello es fruto del impacto que en cada nueva generación van teniendo las transformaciones culturales, históricas y socioeconómicas, que se suceden en los contextos en que esta se desarrolla y educa. Apoyo que se basa en el anhelo de un mejor sistema educacional para todas y todos los chilenos en los colegios públicos y particulares, laicos y confesionales.

Al tratarse de una Reforma que busca llevar a cabo un cambio paradigmático en el sistema educacional chileno, habría sido muy importante haber dado unos pasos preliminares. Entre ellos, la instalación de un gran diálogo y debate democrático acerca de los valores que constituyen la identidad cultural que caracteriza el alma nacional; discernir juntos el país que anhelamos construir entre todos, la realidad y necesidades de nuestros niños y jóvenes, las esperanzas de la sociedad para un desarrollo en equidad y a escala humana, y finalmente a la luz de la pluralidad y diversidad propias de una sociedad libre y democrática, el tipo de educación de calidad que el país requiere, respetando al mismo tiempo la naturaleza y fines esenciales de la misma, y con la persona de los alumnos en el centro del hecho educativo. Lamentablemente la premura y el pragmatismo de los tiempos y objetivos políticos han dicho otra cosa.

Sin perjuicio de lo anterior, nos hemos comprometido seriamente con los desafíos del mencionado Proyecto. Sus objetivos que compartimos, van en la línea de un avance significativo de la opción por los pobres, de la equidad, y en el desafío de contrarrestar la segregación desde la base, favoreciendo mayores grados de inclusión e integración social.

Nuestra postura ha sido la de un discernimiento respecto de sus fundamentos y significado, como de colaboración respecto tanto de lo que estimamos pueda ser valioso al bien común del país, como a la hora de aportar al mismo con propuestas y crítica positiva. Es la tarea a la que nos hemos dedicado en este tiempo, sumándonos al trabajo y aportes de todos los demás sectores que han hecho de la educación un servicio significativo al país.

Como es de dominio público, a la hora de conocer la forma en que se pensaba lograr los objetivos propuestos, tuvimos observaciones respecto del Proyecto de Ley que, en forma responsable y respetuosa, hemos hecho presente en las instancias pertinentes.

A continuación ofrecemos las siguientes reflexiones, respecto de las “indicaciones” que el Ministerio de Educación ha enviado a la Honorable Cámara de Diputados.

Valoramos ante todo, que se haya avanzado en temas centrales para el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades educativas, lo que la Iglesia ha planteado desde el principio como relevante para todo tipo de colegio, tales como:

  • que se haya reconocido el derecho de las familias para escoger el colegio de sus hijos y que además ellas prefieren realizar el proceso de admisión en los colegios, conocer a las personas que los reciben, obtener información relevante y generar relaciones de confianza, y que ello se concilie con procesos de admisión objetivos y transparentes.

 

  • que se haya avanzado en la valorización de la importancia de los proyectos educativos en los establecimientos educacionales como un elemento central de la comunidad escolar y la formación integral de los alumnos y alumnas, quedando el desafío de contar con mayor grado de autonomía que permita la adecuada gestión de los mencionados proyectos.

 

  • que las personas en todo el territorio del país puedan tener acceso a los distintos proyectos educativos públicos y particulares subvencionados laicos y confesionales.

 

  • que se reconozca que los sostenedores, en cuanto prestadores del servicio público de la educación, puedan gestionar las subvenciones y aportes que establece la ley para el desarrollo de su proyecto educativo.

En el mismo afán de aportar al mejoramiento de la Reforma, teniendo en cuenta el bien de la educación del país, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, consideramos que hay algunos aspectos que todavía deben ser revisados, pues, pese a procurar fines muy loables, traen aparejadas externalidades que pueden redundar en un daño al sistema educacional. Entre ellas, los siguientes:

  • Estamos de acuerdo que es necesario regular las operaciones entre personas relacionadas y así evitar que posibles sostenedores inescrupulosos desvíen recursos destinados a la educación por vías incorrectas. Sin embargo, estimamos que debe afinarse la legislación propuesta para que este legítimo objetivo no impida algo esencial en el mundo educacional, como es el trabajo colaborativo y en redes que constituye una dinámica necesaria y positiva en la educación. En efecto, muchas instituciones relacionadas trabajan permanentemente en red y por ello promovemos una adecuada regulación que permita la realización de este trabajo basado en un fuerte deber de transparencia y adecuadas facultades de fiscalización y sanción radicadas en la Superintendencia de Educación. Trabajar favoreciendo sinergias es una riqueza importante, y sería un gran daño para la prestación educacional que ello se prohibiera como consecuencia de evitar el lucro en otras entidades.
  • Las indicaciones establecen en el articulado permanente que solo se permitirá la propiedad o el comodato sobre los bienes inmuebles donde funciona el colegio, y en el articulado transitorio se establece que se permitirá el arrendamiento cumpliendo una serie de condiciones. Creemos sería más conveniente que el arrendamiento fuere una de las opciones del articulado permanente y no del transitorio. En la línea de una justa retribución regulada por ley, creemos que se debe permitir el arrendamiento a todos los sostenedores que no sean dueños del inmueble en las condiciones establecidas en la ley, pues es importante que fruto de esta regulación ninguna comunidad escolar, sea de establecimientos públicos o privados, laicos o confesionales, se vea afectada en su funcionamiento futuro.

 

  • Se establece un sistema en que los colegios que no quieran acceder de inmediato a la gratuidad pueden mantener el copago hasta que la suma de la subvención de gratuidad sea igual al copago por alumno en UF. El sistema de término del copago, mientras los colegios de Financiamiento Compartido avanzan a la gratuidad, es necesario ajustarlo pues del articulado se desprende que habría una merma preocupante en sus ingresos.

 

  • Las nuevas exigencias al proceso de admisión en los colegios, y regulaciones por parte de la Superintendencia han de ser revisadas, pues suman una complejidad administrativa y burocrática innecesaria.

 

Finalmente, detrás de estas preocupaciones puntuales sobre temas técnicos muy específicos, no existe otra motivación que  la disponibilidad de la Iglesia para desarrollar una obra de servicio en favor de la promoción de las personas y de la construcción de una sociedad siempre más humana; el reconocimiento de la “instrucción” como un bien común; La reivindicación de la educación y la instrucción para todos; El implícito apoyo a todos los hombres e instituciones internacionales que, luchando por el tal derecho, se oponen a liberalismo imperante; La tesis según la cual la cultura y la educación no pueden estar al servicio del poder económico y sus lógicas; El deber de la comunidad y cada uno de sostener la participación de la mujer en la vida cultural; el esbozo del contexto cultural de un nuevo humanismo, con el cual el Magisterio de la Iglesia está en constante diálogo. (Santa Sede, Educar hoy y mañana, 2014).

 

+  Héctor Vargas Bastidas
Obispo de San José de Temuco

Presidente Área Educación
Conferencia Episcopal de Chile

 

Santiago de Chile, 11 de septiembre de 2014.