Monseñor Héctor Vargas expresa opinión de la Iglesia en discusión de la Reforma a la Educación Superior

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En el marco de la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el obispo presidente del Área Educación de la Conferencia Episcopal explicó ampliamente los principales aspectos a perfeccionar en el proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior.

Durante la tarde el martes 27 de septiembre se desarrolló una nueva sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en la que se discute la Reforma a la Educación Superior. En esta instancia fue convocada el Área Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, representada por su obispo presidente, monseñor Héctor Vargas, quién expresó sus valoraciones y preocupaciones en relación a este proceso de reforma. En esta cita también estuvieron presentes representantes del mundo Evangélico, Judío y de la Gran Logia de Chile.

La presentación de monseñor Vargas comenzó con el reconocimiento de la necesidad de ordenar y regular el sistema de educación superior en Chile, señalando particularmente la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia y el Consejo para la Calidad como parte de un sistema de calidad, que dan cuenta de esto.

El obispo presidente del Área Educación de la CECh, valoró en particular los aspectos de la Ley que apuntan a contribuir con “la inclusión, la generación de oportunidades que busca acabar con la segregación y que están a la base de esta propuesta”, afirmando que “son también preocupaciones nuestras y los valoramos profundamente”. Monseñor Vargas fue enfático al decir que en materia de financiamiento, “El dinero ya no debe ser impedimento para acceder a la educación superior y de esta manera podremos evitar el flagelo del endeudamiento, para los sectores más vulnerables”.

Sin embargo, el obispo también expresó que resulta “lamentable constatar que la Reforma Educacional elaborada por los Ministerios de Educación y Hacienda, no responde a las expectativas de los actores involucrados (estudiantes, rectores y sociedad civil), lo cual puede ser comprobado por las innumerables críticas que ha recibido de amplios sectores de la sociedad”.

El obispo manifestó su consideración en torno a que “la propuesta elaborada por el Gobierno presenta importantes omisiones y falencias, tanto en lo formal como a nivel de su contenido”, las que fueron clasificadas en seis dimensiones que en las que se reflejan sus principales preocupaciones:

i. Es una propuesta que dice reconocer la autonomía y libertad académica, pero confiere al Estado excesivas atribuciones.
ii. Es un proyecto que dice fortalecer la provisión mixta en Educación, pero sus definiciones y mecanismos tienden a la homogeneización del sistema.
iii. Busca fortalecer la Educación Pública regional, pero la limita con una concepción restringida a lo estatal.

iv. Busca regular el financiamiento público de la Educación Superior, pero mantiene un esquema que otorga cuantiosos recursos a una Educación de mercado.
v. La nueva institucionalidad concentra inadecuadamente atribuciones discrecionales en la Subsecretaría de ES y en la Superintendencia de ES
vi. La nueva institucionalidad no cuenta con real aseguramiento de la calidad en las IES estatales, realizando diferencias sin fundamentos en el proyecto.

Al finalizar, hizo referencia a la necesidad de “hacer presente que hay que evitar que esta discusión se realice sin un proyecto de ley marco, que aborde todas las aristas del futuro sistema de educación superior”, puesto que el no contar con una directriz que de coherencia a los proyectos aprobados podrían implicar que “el propósito de contar con una reformulación adecuada y pertinente del sistema de educación superior quede en duda”.