Diócesis de TemucoColumna Mons. Héctor Vargas Bastidas – domingo 06 stbre
En el Domingo Universal del Migrante
La legislación internacional afirma el derecho a emigrar, pero ignora su contrapartida lógica, el derecho a inmigrar, con lo cual se acaba conculcando el primero de esos derechos. El derecho a inmigrar no está configurado de manera vinculante para los potenciales Estados receptores. No obstante, en estricta lógica jurídica el deber de acogida está ya implícito, pues cuando se reconoce un derecho se adquiere también la obligación de no impedir su realización. En medio de su viaje, el migrante permanece entonces atrapado de facto en una zona de paso, en una difusa zona normativa donde sus derechos quedan como mínimo en suspenso.
Resulta cada vez más evidente, que la falta de un sistema de coordinación de la migración basado en los derechos humanos de ámbito mundial, regional y nacional está creando una crisis de derechos para los migrantes, tanto en las fronteras como en los países de tránsito y destino. Los migrantes, en particular los que están en situación irregular, suelen vivir y trabajar clandestinamente, con miedo a quejarse, se ven privados de derechos y libertades y son mucho más vulnerables que el resto de la población a la discriminación, la explotación y la marginación. Organismos internacionales han declarado de manera inequívoca que, si bien los países tienen el derecho soberano de decidir las condiciones de entrada y residencia en sus territorios, también tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción.
Dificultades en países vecinos, generaron procesos inmigratorios atraídos por la imagen país, que Chile no logró absorber. Así también, exigir fronteras más abiertas para el ingreso de los migrantes desde la comodidad de nuestras casas y oficinas es muy fácil cuando no nos preocupamos sobre quién y dónde los recibirá, quién les dará empleo, quién los regularizará, en cuánto tiempo obtendrán documentos y cómo se sostendrán inicialmente, a qué establecimiento educacional podrán ir sus hijos y en qué consultorio podrán empadronarse, etc. No contamos con una política pública programática
De hecho, a 45 años de la Ley de Migraciones al inmigrante se le sigue percibiendo como un elemento que amenaza muchos aspectos de la cultura y la vida en sociedad. El tema migratorio toca otros aspectos igual de importantes: Economía; derechos humanos; laborales; sociales; familiares y administrativos que hoy por hoy; no cuentan con un marco único de acción. La migración chilena ha sufrido cambios importantísimos entre 1975 y 2020 y por ello, urge con la nueva Ley en trámite, establecer nuevas normas legales que respondan y establezcan parámetros mínimos para acoger al inmigrante y hacerlo corresponsable de los cambios estructurales de nuestra sociedad. Es lo justo y necesario para lograr avances hacia un acuerdo social más integrativo y humanitario para todos.
Por su parte el Instituto Católico de Migraciones, ofrece su servicio en las 22 delegaciones a lo largo de todo Chile y desde los obispados y las parroquias donde llegan. Sin aportes del Estado, desempeña de hecho, una función pública, en cuanto a información sobre visas, trabajo, educación, multas, casas de acogida, atención social, psicológica, e incluso, recibir derivaciones de consulados y de organismos del mismo Estado hacia este servicio de la Iglesia. En todas las actividades se busca promover una migración digna, como un hecho humano, que en ocasiones también requiere protección ofreciendo las condiciones necesarias para su pronta y adecuada inserción en la sociedad.
