Diócesis de Temuco
El Obispo de la Diócesis San José de Temuco, monseñor Héctor Vargas Bastidas, en su columna publicada el domingo 14 del presente mes, ahondó la situación de la región y la puesta en marcha del Plan Araucanía.
Hacia una Política de Estado
El año 2016, acogiendo un importante anhelo de la Región, la entonces Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet, conformaba una Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía. A diferencia de otras, con funcionamiento en Temuco y conformada en su gran mayoría solo por integrantes locales. Se hizo lo posible porque fuese plural, y representativa de la identidad y características de la sociedad de la zona. Luego de seis meses de trabajo y más de ochenta audiencias, hizo entrega de su informe final con setenta propuestas a la Jefa de Estado. Ellas dicen relación con política indígena en favor de las grandes y legítimas demandas del pueblo mapuche, compensación a las Víctimas de la violencia rural a modo de reparación y justicia, como desarrollo económico y productivo, que permitan atacar con eficiencia el flagelo de la pobreza que afecta gravemente la Región y su gente.
El año recién pasado el Presidente don Sebastián Piñera, iniciando su Gobierno, decidió sumarlas mencionadas propuestas, a lo que llamó “Plan Araucanía”. Una apuesta a ocho años y que se ha afirmado, cuenta con un financiamiento muy importante. Propuesta que en su momento fue transversalmente recibida con esperanza.
Desde fines del año pasado, los dolorosos sucesos relacionados con Camilo Catrillanca, y una serie de otras variables por muchos conocidas, desataron una crisis severa que afectó gravemente instituciones públicas y la credibilidad del Gobierno y Estado en el manejo del tema indígena en la Región. Cuestionamiento que llevó a priorizar los grandes desafíos políticos, jurídicos y sociales del nuevo escenario, y una suerte de cuestionamiento y paralización de la puesta en marcha del Plan Araucanía. Sin embargo nos parecen sabias las señales que llegan en estos días desde distintos ámbitos, en cuanto a que es hora de reactivar el mencionado Plan, y así generar políticas públicas que permitan ir haciéndose cargo de tantos clamores de nuestra sufrida y postrada Araucanía.
Se ha dicho muchas veces que este es esencialmente un tema político, y que por ello se resuelve políticamente. Esta afirmación exige y urge a nuestra clase política que por encima de otros legítimos intereses sectoriales, consensuar finalmente una Política de Estado para la Región. En esto la bancada parlamentaria regional, como la sociedad civil organizada, tienen una grave responsabilidad y compromiso. No es solo una demanda histórica inexplicablemente dilatada en el tiempo, y por ello una forma de violencia como dijo Francisco en Maquehue, sino un imperativo ético, de justicia, insoslayable y de paz por el bien de todos.
