Diócesis de Temuco
Pocas personas conocen más del conflicto que se vive en La Araucanía, hoy extendido a la macrozona sur del país. Como obispo de Temuco ha visto su evolución y radicalización, también el fracaso de intentos como las 70 propuestas de la mesa de diálogo que él mismo encabezó en el gobierno de Bachelet II. Ante las preguntas, el salesiano Héctor Vargas desarrolla un imparable relato, con final esperanzado. “Con todo, tengo muchas esperanzas de que existe un ánimo nuevo, transversal, de ir avanzando y que puede ayudarnos a encontrar salidas”.
“La Araucanía enfrenta dos grandes conflictos, ambos de índole política. El carácter de un nuevo trato, que implica un respeto mutuo tanto del Estado de Derecho como del estatuto consuetudinario de dichas naciones y pueblos. No se ha logrado encontrar respuestas institucionales y políticas sólidas en materia de tierras, pobreza, reconocimiento, reparación, participación y desarrollo, ya que el Estado chileno no ha conseguido asumir plenamente y con franqueza las deudas históricas con el pueblo mapuche. Requiere asumir sus derechos económicos, políticos y culturales. Se trata de dar forma a la diversidad e igualdad colectiva, articulada políticamente, que les permita participar activamente en un Estado mayor, rompiendo asimetrías y coexistiendo con ancestrales tradiciones y lenguas milenarias.
El otro grave conflicto son los problemas del Estado para hacer frente en modo eficaz a agrupaciones radicalizadas que han optado por la violencia, incluso calificada por la autoridad de connotación terrorista, que ha afectado a personas sin distinción y que su manifestación más extrema ha implicado muerte de inocentes. Se suman ocupaciones al margen del proceso institucional de entrega de tierras, cuyas víctimas exigen también protección, justicia y reparación. En el último tiempo se acrecienta la sospecha de nuevas formas de delincuencia, gradual instalación de organizaciones criminales y de narcotráfico, que el pueblo mapuche no necesariamente comparte y que en ocasiones también sufre.
Acciones en la forma de proceder de las fuerzas de seguridad, en ocasiones sancionadas por la justicia como delitos graves, más aún cuando han tenido resultado de muerte, han mermado transversalmente la credibilidad en el Estado y sus instituciones. El gran problema de todos los gobiernos en las últimas décadas y de las clases dirigentes, en un país altamente centralizado, ha sido no tener claro la dimensión y gravedad de ambos conflictos. Urge una política de Estado a corto, mediano y largo plazo que reivindique al mundo político, más allá del gobierno de turno. El proceso constituyente es una oportunidad para generar un piso mínimo sobre el tema indígena, pocos puntos neurálgicos, pero que hagan mucho sentido por la fuerza de sus contenidos”.
– ¿Cuánto y cómo debe involucrarse la Iglesia?, ¿llegar al activismo promapuche, como algunos sacerdotes?
No tengo antecedentes que me permitan pronunciarme sobre algo así. Si la Iglesia se involucra o es involucrada en conflictos sociales, lo hace en las exigencias y criterios de su doctrina social a partir del mandamiento del amor del evangelio. Benedicto XVI afirma que si bien la Iglesia reconoce y respeta el valor de la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito privado. No puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. Los ministros religiosos no deben hacer política partidaria, propia de los laicos, pero ni siquiera los consagrados pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, entendida como constante atención al bien común y al desarrollo humano integral.
ENTREVISTA EL MERCURIO- DOMINGO 4 MARZO
