Diócesis de Temuco
El obispo presidente del área Educación de la Conferencia Episcopal, mons. Héctor Vargas, sostuvo que algunos de los términos planteados para reformar la educación superior ponen en riesgo aquellos aspectos que la iniciativa se propone superar.
[dropcap]E[/dropcap]n carta al director publicada en El Mercurio este jueves 7 de julio, el obispo de Temuco manifiesta que existe consenso a nivel nacional sobre la necesidad que tiene nuestro país de avanzar hacia un sistema de educación superior que responda a los desafíos de su actual nivel de desarrollo, y que promueva la integración social en forma inclusiva de los sectores que han permanecido históricamente excluidos de los beneficios del progreso.Asimismo, añade que la Iglesia comparte el diagnóstico a la base de la actual reforma, en cuanto a la necesidad de asegurar el acceso gratuito de los estudiantes, especialmente de los más vulnerables, garantizando una oferta educativa de calidad, libre de las distorsiones producidas por un esquema de regulación en base al mercado.
No obstante, Mons. Vargas precisa que la actual reforma -en los términos propuestos en el proyecto de ley- «pone en riesgo precisamente aquellos aspectos que se propone superar», y propone los siguientes ejemplos:
«1. Plantea entre sus principios promover las diversas visiones de sociedad y valora y respeta la pluralidad de misiones institucionales; no obstante, en el cuerpo de la ley se invisibiliza el aporte de las instituciones públicas no estatales del CRUCh.
2. En la definición de universidad presentada en el proyecto de ley se plantea como un elemento central la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones; sin embargo, sitúa en forma exclusiva en las universidades del Estado la responsabilidad de velar por el bien público y el desarrollo de las regiones, desconociendo la comprobada misión en este campo de otras universidades, entre ellas las católicas.
3. El proyecto de ley se funda en la necesidad de fortalecer la educación pública; no obstante, el esquema de financiamiento planteado asegura cuantiosos recursos a un mercado privado de educación, incluso con menores restricciones en su crecimiento y aranceles respecto de las demás en gratuidad.
4. El sistema propuesto ofrece una fórmula para alcanzar la gratuidad universal en el largo plazo, según objetivos de ingresos estructurales asociados al PIB, condicionamiento que como tal y a la luz de otras grandes urgencias sociales, no garantizaría su viabilidad».
Una profunda discusión que mejore esta ley
El presidente del área Educación de la Conferencia Episcopal formuló un llamado a los parlamentarios «a que puedan propiciar una discusión en profundidad, que logre mejorar esta ley para el anhelado desarrollo de una educación superior de calidad para todos y todas».
Mons. Héctor Vargas hizo esta invitación a representantes del mundo político, «que ha estudiado y conoce la realidad de las universidades regionales tradicionales de servicio público no estatales, que hoy no estarían siendo reconocidas en todo su significado y aporte en el actual proyecto».
Fuente: El Mercurio – Prensa CECh
Santiago, 07/07/2016
