Diócesis de Temuco
Monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago y Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile asistió este martes 3 de diciembre a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Le acompañaron en la ocasión el director del Área de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, Lorenzo Figueroa, y al portavoz del Episcopado, Jaime Coiro.
Mons. Ezzati inició su presentación resaltando que la principal motivación que, como obispo de la Iglesia, le mueve a concurrir a esta instancia es «nuestra especial atención por los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, como parte de nuestra misión pastoral de anunciar y vivir el Evangelio”.
Resaltó lo que diversas instancias pastorales de la Iglesia en Chile han efectuado para prestar un servicio integral a niños y adolescentes vulnerados y vulnerables. “Desde abril del año 2011, la Conferencia Episcopal cuenta con un Consejo Nacional para la prevención de abuso de menores de edad y acompañamiento de víctimas, a través de cuyo servicio hemos logrado sensibilizar en las diócesis y congregaciones religiosas sobre el flagelo del abuso, la necesidad de promover espacios de confianza, participación y autocuido, y de trabajar junto a diversas organizaciones de la sociedad civil en el desafío común de prevenir los abusos a menores de edad”, señaló.
Añadió que “sería muy importante que esta Comisión conociera directamente el testimonio de algunas de las muchas personas católicas que se dedican, como parte de su propia misión, al trabajo directo en la mantención de estos hogares y al trato de los niños”.
En un informe de 21 páginas, el arzobispo de Santiago precisó que “existe de todas formas un acuerdo entre los colaboradores del sistema en que hoy se vive bajo un modelo de atención y protección que requiere cambios estructurales que garanticen efectivamente el respeto de los derechos de los niños. En el modelo vigente, por distintas razones, pareciera que nadie se hace cargo de la responsabilidad de garantizar los derechos”.
Junto a lo anterior, Mons. Ezzati identificó los siguientes problemas basales del sistema en general, independiente de las instituciones colaboradoras a cargo. Sobre el SENAME, señaló que se ha “criticado por parte de las instituciones colaboradoras el hecho de que el Servicio dependa del Ministerio de Justicia y no constituya una instancia independiente, especializada en materia de trato de la infancia y adolescencia. En este sentido, son muchas las voces que creen necesaria la creación de una cartera independiente destinada exclusivamente a la protección de los niños que han sido víctimas de cualquier tipo de vulneración o, al menos, que exista un SENAME judicial -para los menores que tienen responsabilidad penal juvenil- y un SENAME para desarrollo social –dedicado al trabajo con menores que han sido abandonados o vulnerados en otros derechos-, dependiente el primero del Ministerio de Justicia, y el segundo del Ministerio de Desarrollo Social”.
“Se menciona a menudo que mientras esto no pueda solucionarse, sí se requiere de manera urgente una mejora en la coordinación entre el SENAME, los Tribunales de Familia y las instituciones colaboradoras”, añadió.
Luego se refirió a otros temas, como la Idoneidad de los colaboradores, frente a lo que señaló que es “trascendental hacer un análisis respecto a la idoneidad de las instituciones en cuanto a su verdadero propósito de servir a la protección de la infancia, puesto que el pasado ha mostrado en reiteradas ocasiones situaciones en que personas jurídicas de distinta naturaleza buscan constituirse como institución colaboradora del SENAME para recibir la subvención que se otorga a ellos, sin tener una mayor intención de ser un lugar adecuado para la estancia de los niños y adolescentes”.
Sobre el tema de la Subvención, destacó que “el principal problema que afecta el funcionamiento de las instituciones colaboradoras del SENAME es la falta de recursos. Actualmente, el Servicio otorga un financiamiento por niño basado en la cantidad de horas de atención, el cual no alcanza el 50% del costo necesario para mantener adecuadamente a un menor conforme a las exigencias que hoy se señalan en la ley y que son coherentes con las obligaciones contraídas por el Estado en materia de Derechos del Niño. Debido a esto, las instituciones deben asumir ellas mismas el porcentaje que falta, lo que implica un desgaste en la búsqueda de recursos y muchas veces recortes presupuestarios que finalmente impactan directamente en los niños”.
También se refirió a la Ley de Adopciones, enfatizando que el proceso de adopción en nuestro país es lento e ineficiente para las necesidades actuales de los niños y adolescentes que residen en una institución. “Se debe hacer un análisis en general de las facilidades que otorga la Ley de Adopción, como también de su agilidad y rapidez, de manera de encontrarles a los menores de edad un hogar y una familia, y así terminar con la situación de vulneración. Entiendo que ya se está discutiendo esta materia en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, cuestión que desde ya celebramos y esperamos que llegue a buen término”.
Finalizó su presentación, agradeciendo y valorando el trabajo de esta Comisión y de todas las otras instancias que desde los poderes del Estado y la sociedad civil están desplegando esfuerzos por alcanzar un país más justo y solidario, en que la inclusión se exprese claramente en la acogida a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos.
El presidente de la Comisión, diputado René Saffirio (DC) al término de la sesión señaló que “por primera vez en la historia un Arzobispo de Santiago concurre a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para referirse a temas relacionados con abusos sexuales cometidos en recintos administrados por instituciones de Iglesia. Quiero valorar la decisión del Arzobispo, entregar el diagnóstico, el balance y la percepción que él tiene respecto del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores. Creo que ha sido un aporte importante, quiero destacar además que ha expresado claramente su disposición a concurrir a una nueva reunión. De tal manera que confío en que los avances que estamos teniendo en esta comisión nos van a permitir terminar en el mediano plazo, a lo menos, con los abusos sexuales que se cometen en recintos donde residen menores que se encuentran bajo la “protección” del estado y que las instituciones colaboradoras cualquiera sea su naturaleza tendrán que responder ante los ciudadanos y antes los tribunales de justicia y ante todas las instancias de nuestro país para hacerse cargo de todos esos hechos que importan comisiones de delitos tan aberrantes y que nos tienen como país en deuda con el mundo entero respecto de los abusos cometidos en perjuicios de menores”.
La comisión investigadora se constituyó tras el impacto generado por un informe elaborado por un equipo de profesionales de la Unicef en conjunto con el Poder Judicial, encabezado por la jueza de Familia, Mónica Jeldres, y la abogada especialista en temas de menores, Paulina Gómez; informe que se mantuvo en reserva por casi seis meses, según lo que se ha señalado, por orden del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño.
